Por Israel Freire, Ingeniero Mecánico

La reciente cena del presidente José Antonio Kast en el Palacio de La Moneda, junto a excompañeros de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, abrió un flanco que va mucho más allá de la discusión administrativa o presupuestaria. La denuncia presentada ante la Contraloría General de la República de Chile, difundida por la prensa, instala una pregunta que incomoda: ¿qué tipo de política se está haciendo puertas adentro del principal espacio institucional del país?

Porque el punto no es —o no debiera ser— únicamente si la cena cumplió o no con la normativa. Si la Contraloría concluye que “todo está en regla”, el problema de fondo seguirá intacto. La política no se agota en la legalidad administrativa. La pregunta relevante es otra: quiénes fueron invitados, por qué ellos, y qué se conversó en esa mesa.

Pero, además, hay un riesgo aún más profundo en la forma en que se ha encauzado la polémica. Llevar todo a la Contraloría es, en los hechos, sacar la discusión del foco político. Es trasladar un debate que debe darse en el espacio público, con responsabilidad, con transparencia y con control democrático, hacia un terreno técnico, donde lo único que se evalúa es si se cumplió o no un procedimiento. Y eso es insuficiente.
El riesgo es evidente. Si naturalizamos este tipo de encuentros como algo trivial, abrimos la puerta a una lógica donde La Moneda comienza a parecerse peligrosamente a un club privado. Una extensión de redes de confianza, de círculos cerrados, donde el poder se ejerce entre conocidos. No es una imagen nueva en Chile —basta recordar los códigos históricos del Club de La Unión—, pero sí es particularmente delicada cuando se traslada al corazón del Estado.

Más aún, cuando entre los asistentes se mencionan perfiles con posiciones relevantes en el aparato público, como un ex funcionario de alto nivel del Servicio de Impuestos Internos. La pregunta se vuelve inevitable: ¿qué asuntos se discutieron ahí? Porque no se trata solo de una cena social. Se trata de actores con capacidad de incidir en decisiones, regulaciones y orientaciones del país.

Y aquí aparece nuevamente el punto político de fondo: no podemos pedirle a la Contraloría que resuelva lo que es, esencialmente, una discusión sobre poder. Su rol es fiscalizar la legalidad, no definir estándares democráticos ni evaluar la pertinencia política de este tipo de encuentros. Cuando se le entrega esa tarea, lo que se hace, consciente o inconscientemente, es bajar el nivel del debate.

La transparencia no se reduce a un check administrativo. Es una exigencia democrática que debe ser impulsada por la prensa, pero también por el sistema político en su conjunto. Porque si hoy se valida esta lógica bajo el argumento de la normalidad o la legalidad, mañana el paso siguiente es evidente: reuniones con empresarios, encuentros sectoriales, instancias donde intereses económicos y decisiones públicas comienzan a entrelazarse en espacios opacos.

Y ahí ya no estamos hablando solo de formas, sino de cómo se configura el poder en Chile.

No se trata de escandalizar por una cena. Se trata de entender lo que simboliza. La Moneda no es un espacio neutral ni privado. Es el centro del poder republicano. Y lo que ocurre en su interior —aunque sea bajo la apariencia de una reunión social— tiene inevitablemente una dimensión política.

Por eso, más que quedarnos en si se pagó o no la cuenta, la pregunta que debe instalarse es otra: ¿qué tipo de relaciones de poder se están consolidando dentro del gobierno? Y, sobre todo, ¿quién las está observando con la suficiente atención?

Porque si la respuesta es nadie, entonces el problema no es la cena. Es el estándar.