El Ministerio de Hacienda confirmó que la Tesorería General de la República (TGR) liderará el proceso a partir de la próxima semana. La primera fase apunta a profesionales que perciben sobre $5 millones mensuales, con deudas promedio de $11 millones. La medida contempla descuentos directos desde cuentas bancarias.

En un giro hacia la recuperación de recursos fiscales, el Gobierno de José Kast se alista para iniciar un proceso masivo de cobro a los deudores morosos del Crédito con Aval del Estado (CAE). La estrategia, confirmada por el Ministerio de Hacienda, tendrá un foco inicial en aquellos usuarios con mayor capacidad de pago, marcando una diferencia respecto a las políticas de condonación discutidas en administraciones anteriores.

Fase 1: El «segmento de élite» de la morosidad

Según los antecedentes que maneja el Ejecutivo, la Tesorería ya tiene identificados a cerca de 1.800 deudores que perciben rentas superiores a los $5 millones mensuales y que mantienen sus cuotas impagas.

Este grupo promedia una deuda individual de $11 millones, lo que en su conjunto representa un monto cercano a los US$20 millones que el Estado busca reintegrar a las arcas fiscales en el corto plazo. Para este segmento, el plan contempla acciones coercitivas severas:

• Notificaciones: Comenzarán la primera semana de abril.
• Retenciones: Descuentos automatizados desde cuentas bancarias.
• Embargos: Ejecución de bienes en casos donde no se cubran los montos adeudados.

Escalamiento del plan y convenios

Una vez finalizada la ofensiva contra los sueldos más altos, el proceso entrará en una segunda fase. Esta etapa considerará a deudores con ingresos situados entre $1,5 millones y $5 millones mensuales. A diferencia del primer grupo, para este tramo el Gobierno ofrecería mecanismos de regularización y convenios de pago antes de proceder con acciones judiciales.

Desde el Ministerio de Hacienda evitaron profundizar en el detalle del mecanismo, delegando la vocería oficial a la Tesorería General de la República (TGR), organismo que se espera realice un pronunciamiento formal en los próximos días para explicar el despliegue nacional de la medida.

Recuperación de recursos fiscales

La decisión se enmarca en la política de eficiencia del gasto público promovida por la actual administración. Al enfocarse en quienes tienen mayor capacidad de pago, el Gobierno busca enviar una señal de cumplimiento de obligaciones financieras, priorizando la recuperación de fondos que, según Hacienda, son necesarios para financiar otras urgencias sociales.