Sin duda una de las propuestas más habladas al conflicto estudiantil es el llamado “arancel diferenciado”. Diversos organismos, e incluso dirigentes, abogan por esta proposición pero, ¿de qué manera puede solventar las desigualdades en el sistema educacional? y, por sobre todo, ¿cuáles son las consecuencias que origina esta medida?.
No es de extrañar que ante la primera reivindicación social, la inmediatez de las ofertas gubernamentales estén enmarcadas en la completa infertibilidad. Tampoco es difícil deducir que basta con que dichas reivindicaciones amenacen su perfil o estadía en el poder, para que los ofrecimientos triviales y banales salgan a la luz pública. La misma lógica que utiliza una madre cuando otorga un caramelo a su hijo para hacerlo callar, es extrapolada a la ciudadanía disconforme y furibunda por las autoridades.
Han sido más de seis meses de movilizaciones, seis meses donde han emergido diversas, o por lo menos así se ha dicho, soluciones al conflicto estudiantil. Lo cierto es que ninguna difiere de otra. Pudimos ver al ex-ministro Joaquín Lavín, hablar de la inyección de recursos a los estudiantes más vulnerables que accedieran a la educación superior, cuya determinación favorecía claramente a las universidades privadas y no abordaba el verdadero problema de fondo: la precarización educacional a temprana edad. Hoy vemos a una cara renovada, Felipe Bulnes, hablar de gratuidad para los deciles más bajos y de créditos “flexibles” para el resto de los estudiantes, lo que aparenta ser una medida socializadora y benevolente con los más desposeídos, pero que no difiere en lo absoluto de los parámetros forjados por el libre mercado. Como veremos, terminará por ser igual de fraudulenta y segmentadora que la anteriormente señalada.
Parece justo que los ricos paguen más por educación que los pobres, por lo que dicha medida ha causado una notable aceptación en la ciudadanía. Cabe señalar que la cúpula del Partido Comunista, morada además de varios de los dirigentes estudiantiles, sostenía hace un tiempo abiertamente como propuesta al conflicto el arancel diferencial. Efectivamente, si el pago diferenciado entre pudientes y no-pudientes estrechara la brecha social entre estos, sería una decisión admirable, pero lo cierto es que no es así, es más, no sólo extiende las conflictividades éticas, sino que profundiza la enorme crisis humanitaria por la que atraviesa nuestro país.
Se vuelve necesario analizar por qué hace tantos años que los egresados de las diversas carreras, han dejado de ligarse a las instituciones de carácter público. Por qué hace tanto tiempo que el hecho de cursar una carrera significa “asegurar el futuro” o “ ascender socialmente”. Lo cierto es que esto se debe a diversos factores, entre ellos la misma lógica de un sistema que prioriza la libre competencia por sobre la solidaridad y el apoyo mutuo. Es esta tendencia la que lleva a degradar el sentido de vivir en sociedad, donde sus conformantes dejan de verse como hermanos y pasan a ver al resto como “quien les va a quitar el puesto laboral, quien les va a robar o quien se va a apropiar de sus ideas”. Desgraciadamente, los niños de hoy crecen bajo esa lógica y desde pequeños se les enseña a ser resilientes y fuertes con quienes les rodea; es en este sentido donde la educación, vista como un bien de consumo, juega un papel determinante. El criterio de una educación mercantilista puede traducirse en hechos tangibles e incluye la totalidad de las disciplinas que alberga el sistema de enseñanza. Cuando un médico decide ligarse a una clínica privada en vez de un hospital público, cuando un maestro prefiere hacer clases en un colegio antes que en un liceo, cuando el arquitecto construye para quieres puedan comprar y no para quienes necesiten de donde vivir, cuando el abogado defiende al poderoso por sobre el desposeído, sin importar cual sea su culpabilidad, etc, etc. Aquellos, son tan solo un par de las aplicaciones y/o resultados que genera egresar de la educación superior bajo el mismo criterio que fue dada: el egoísmo y la competencia.
Lamentablemente cuando producto del poder adquisitivo se puede optar a una mejor educación, se crean aptitudes acorde con el capital invertido; esto, inevitablemente, segmenta y traza una linea divisoria entre quienes poseen el patrimonio necesario para educar a sus hijos y quienes no. Naturalmente esta división termina por traducirse en un ingreso desigual a las universidades. Aquí se empieza a ver claramente, como se genera la equívoca concepción del mérito individual puesto que, bajo esa lógica, no llegarán a la universidad quienes se esfuercen más, sino quienes tuvieron el poder adquisitivo inicial para costearse una mejor educación.
Si las instituciones sociales destinadas educar, no cumplen su función, y quienes quieran optar por una mejor formación tengan que por sus propios medios costearla, evidentemente el “rol social” que tienen dichos organismos, se pierde. Cuando observamos que la educación pública primaria o secundaria, ha dejado de formar jóvenes con las aptitudes necesarias para entrar a la educación superior, nos damos cuenta que la sociedad, encargada de formarlos y de entregarles las herramientas indicadas, sin importar en el escalafón social que hayan nacido, les ha dado la espalda. Cuando observamos que otros jóvenes tienen que pagar millonarias sumas o endeudarse bajo esa misma lógica en la educación superior, podemos ver que nuevamente esa sociedad les ha torcido el brazo. Entonces, ¿qué sentido tiene devolver una mano que ha sido torcida?, ¿qué sentido tiene preocuparse por una sociedad que no supo brindar ni apoyar a sus herederos?. La respuesta es simple: ninguna. No tiene ningún sentido apoyar a quienes no fueron capaces de otorgar, desinteresadamente, una oportunidad para mejorar su entorno.
Es esa la lógica que impera en las aulas, la superación individualizada, el egocentrismo de un ascenso producido por el esfuerzo personal, el rencor de quienes no tuvieron las mismas oportunidades, pero por sobre todo, el desinterés y la apatía con el compromiso social, porque de nada sirve esforzarse por algo que nunca demostró un mínimo de estima.
Ahora, si a lo anterior le sumamos la enorme brecha existente en el medidor económico chileno: la separación por deciles, nos daremos cuenta de una nueva falacia. La gran mentira de la “educación gratuita” para los primeros seis deciles radica en el tope este último, correspondiente a 2 millones 650 mil pesos. Si consideramos que una familia común gasta aproximadamente un 40% en educación (3 o 4 hijos en la de. superior), la suma decrece considerablemente aunque, aún así, ciertamente queda bastante más para el bolsillo que en los deciles inferiores. Lo interesante es que si en el mismo ejercicio agregamos el ingreso de la familia Luksic (la no menor cifra de 5 mil millones de pesos appx.), que esta radicada en el mismo “último decil”, nos daremos cuenta que ese 40% de gasto inicial (1.060.000), ahora tan sólo representa el 0,02% del ingreso familiar. El gran fraude del discurso oficialista (“no queremos que los pobres financien la educación de los ricos”), no podría ser visto de otro modo más que como un denso smog arrojado deliberadamente a la conciencia de la gente para impedir dilucidar que bastaría con un impuesto nacional progresivo (respectivo al aumento en base a las ganancias) para financiar educación gratuita al total de los chilenos.
El arancel diferenciado pretende estrechar la brecha entre ricos y pobres, pero lo cierto es que las agudiza aún más. Su engaño se encuentra expreso en la aparente correcta asignación de recursos, obviando que basta con que un sólo sector pague por su educación para que el rol social (que debiese cumplir) desaparezca de ella. La meritocracia y autofinanciamiento por parte de las familias empeora sustancialmente esta situación, generando una enorme crisis valórica y de compromiso hacia la comunidad en los egresados. Junto a lo anterior, la gran falacia económica radica en la desproporcionalidad de la asignación monetaria por deciles, puesto que en esta categoría existen grandes brechas que no representan el nivel socioeconómico chileno. Para conseguir una mejoría inicial se debe, esencialmente, buscar instaurar una reforma tributaria progresiva (y no regresiva) que de paso a la completa gratuidad. Sólo bajo ésta última se podrá lograr estrechar de manera real, la sobreasignación de recursos, la evasión tributaria, la concentración de riquezas y el desfinanciamiento estatal.
La Unión Valpo 