Por Florencia Donoso Vidal, Magister en Comunicación Política

El primer mes del gobierno de José Antonio Kast ha estado marcado por una tensión evidente entre el tono de campaña —duro, categórico, sin matices— y la complejidad de gobernar un país real. En política, prometer es fácil; ejecutar, no tanto. Y en este corto período, esa brecha ya comienza a pasar la cuenta.

Una de las promesas más emblemáticas —y controversiales— fue la expulsión de 300 mil inmigrantes. Más allá de la carga simbólica del anuncio, lo cierto es que, en la práctica, dicha meta enfrenta obstáculos legales, logísticos y diplomáticos de gran envergadura. Chile no puede, por sí solo, deportar masivamente a personas sin procesos administrativos y judiciales que respeten el debido proceso, ni sin acuerdos efectivos con los países de origen. A eso se suma una institucionalidad migratoria que, incluso antes de este gobierno, ya mostraba limitaciones operativas.

El resultado es evidente: la promesa no solo no se ha cumplido, sino que tampoco parece existir un plan claro y viable para acercarse a ella. Lo que sí ha habido es un aumento en el tono discursivo, pero no en la capacidad real del Estado para ejecutar medidas de esa magnitud.

Este patrón no es exclusivo del tema migratorio. En seguridad, otra de las banderas del actual gobierno, las expectativas generadas durante la campaña chocan con una realidad estructural compleja. La delincuencia no disminuye por decreto ni por retórica, y las soluciones requieren coordinación interinstitucional, inversión sostenida y reformas de largo plazo. Sin embargo, el énfasis ha estado más en señales políticas que en resultados verificables.

Aquí emerge una pregunta de fondo: ¿fue el programa de gobierno una hoja de ruta seria o una construcción electoral diseñada para capitalizar el malestar ciudadano? Porque cuando las promesas se formulan sin considerar su factibilidad, lo que sigue no es solo incumplimiento, sino también frustración social.

El relato de orden y control que levantó José Antonio Kast comienza a tensionarse peligrosamente con la realidad de las cifras. Tras un 2025 en que los homicidios habían descendido a 1.091 casos y una tasa de 5,4 por cada 100 mil habitantes, el arranque de 2026 muestra un giro inquietante: los delitos vinculados al crimen organizado han aumentado cerca de un 36,8% en comparación al mismo período del año anterior, y en las últimas semanas el alza bordea el 40%. La promesa de recuperar el control en “tiempo récord” no solo luce incumplida, sino desmentida por la propia dinámica de la violencia. Porque cuando los homicidios vuelven a crecer con esta velocidad, lo que queda en evidencia es que no bastaban los eslóganes ni las soluciones simplistas: la seguridad no se decreta, se construye, y hoy las cifras están mostrando que esa construcción, lejos de avanzar, comienza a resquebrajarse.

El riesgo de este desfase es doble. Por un lado, erosiona la credibilidad del gobierno en su etapa más temprana, cuando debería estar consolidando su base de apoyo. Por otro, debilita la confianza en la política como herramienta de solución, alimentando el ciclo de desafección que ya atraviesa la sociedad chilena.

La caída en el apoyo a José Antonio Kast ya no es solo una percepción política, sino un dato medible: en pocas semanas su aprobación ha retrocedido desde niveles cercanos al 50% tras asumir a cifras en torno al 35–38%, mientras el rechazo supera el 55% en distintos sondeos. Esta baja no es casual ni coyuntural, sino el resultado de una brecha cada vez más evidente entre sus promesas de campaña y la realidad de su gestión. Kast y el primer mes de gobierno: dos de sus pilares de campaña no se han cumplido

Gobernar no es lo mismo que hacer campaña. Y si algo ha demostrado este primer mes, es que la épica del discurso no reemplaza la densidad de la gestión. Las promesas pueden ganar elecciones, pero solo los resultados sostienen gobiernos.