Un preocupante patrón de renuncias y designaciones fallidas marca la instalación de las carteras regionales en 2026. Entre falta de prolijidad en la revisión de antecedentes y el «filtro» de las redes sociales, la Región de Valparaíso y el Biobío lideran las estadísticas de una inestabilidad que afecta a 11 regiones del país.

La instalación de las autoridades regionales en este 2026 no ha sido el proceso ordenado que se esperaba. A pocas semanas del inicio de la nueva administración, el escenario está configurado por una seguidilla de 15 casos problemáticos: ocho renuncias efectivas, cinco nombramientos fallidos y dos salidas inmediatas.

Esta situación revela una debilidad estructural en los procesos de selección y validación, donde los filtros del Ejecutivo no han logrado anticipar conflictos que el escrutinio público detecta en cuestión de horas.

Valparaíso: El epicentro de la fragilidad

Nuestra región ha sido protagonista de este fenómeno con dos casos emblemáticos que evidenciaron fallas en la revisión de historial:

• Aldo Ibani (Salud): Dejó su cargo a solo días de asumir tras cuestionamientos a su idoneidad.
• Además están los casos de Minería y Trabajo que todos los nombres que fueron sondeados y algunos muy avanzados terminaron cayendo por diversos motivos.

Radiografía del conflicto a nivel nacional

El problema se extiende de norte a sur, afectando ministerios clave como Educación, Economía y Trabajo:

1. Nombramientos fallidos (No llegaron a ejercer): En el sur, casos como el de Jorge Salazar (MOP Los Ríos) y Patricia Dinamarca (Educación Los Lagos) fueron frenados por polémicas en redes sociales o cuestionamientos a gestiones anteriores. En Magallanes, la falta de requisitos académicos y problemas administrativos impidieron las asunciones de Bélgica Arizmendy (Minería) y Ruth Elena Saieh (Economía).
2. Salidas Inmediatas: El Biobío registró el récord de brevedad con Alexander Nanjarí (Educación), quien duró menos de 24 horas tras controversias digitales.
3. Renuncias Efectivas (Ya en funciones): Ocho autoridades alcanzaron a jurar antes de dimitir por denuncias de acoso laboral, inconsistencias en títulos profesionales o procesos disciplinarios. Destacan los casos de Héctor Garrido (Ñuble), Boris Acuña (O’Higgins) y Camila Peña (Maule).

Un desafío a la confianza pública

Analistas coinciden en que esta «puerta giratoria» de seremis eleva el costo político del Gobierno y paraliza la gestión en regiones. La falta de coordinación política se traduce en anuncios prematuros que deben ser revertidos, dañando la credibilidad de las instituciones frente a la ciudadanía.

El desafío urgente para el Palacio de La Moneda y las Delegaciones Presidenciales no es solo llenar las vacantes, sino profesionalizar un sistema de selección que hoy parece superado por la velocidad de la información.