Por estos días, la violencia escolar dejó de ser un fenómeno aislado para transformarse en una de las principales preocupaciones del sistema educativo chileno.

El viernes 27 de marzo de 2026, cerca de las 10:30, María Victoria Reyes (59), inspectora del Instituto Obispo Silva Lazaeta de Calama, fue apuñalada y asesinada por un estudiante de 18 años de cuarto medio, ataque que dejó heridos a otros estudiantes y funcionarios del instituto. El caso conmocionó rápidamente al país y al Gobierno que llevaba pocos días de asumido. En sólo semanas, una seguidilla de avisos de tiroteos y amenazas se esparció por todo el país, lo que ha llevado, en algunos casos, a la suspensión de clases. En Valparaíso por ejemplo, en un sólo día se registraron 16 casos de denuncias en Fiscalía, principalmente por amenazas de tiroteo en espacios escolares en comunas como Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Quillota y Los Andes.

La respuesta del Gobierno 

Frente a estos hechos de violencia escolar, el gobierno del Presidente José Antonio Kast presentó el proyecto de Ley “Escuelas Protegidas”, el cuál se sostiene en tres pilares: prevención, intervención temprana y persecución penal efectiva.

En el caso de la prevención, el proyecto contempla la instalación de cámaras de vigilancia, control de acceso más rígido y el uso de detectores de metales. También incluye revisión de mochilas, suspensión de clases y evacuación del establecimiento como protocolo ante amenazas. En el caso de la persecución penal, se busca castigar con medidas duras a estudiantes que participen en hechos de violencia y sean condenados por ello. Una de las medidas sería la pérdida de beneficios como gratuidad, sumado a cargos en lo penal.

Los análisis de expertos a “Escuelas Protegidas”

Expertos coinciden en varios puntos clave: cuestionan su enfoque, su efectividad real y sus posibles efectos negativos, medidas que podrían generar una falsa sensación de seguridad, sin abordar el problema de raíz, siendo este un efecto de la “violencia social” que no se posiciona sólo al interior de las escuelas, sino que en otros espacios como familiares, digitales y musicales. Oscar Nail, académico de la Universidad de Concepción, señaló en entrevista con radio ADN que “en el corto plazo, esas medidas provocan cierto grado de tranquilidad social, pero no es la gran solución al problema”, enfatizando que no se reduce la violencia estructural. El Colegio de Profesores señaló que “estas medidas son pobres y cortas frente a la complejidad del problema”

Expertos han catalogado también que la seguridad es condición primaria para la educación, en donde sin seguridad no hay aprendizaje posible y ante hechos graves recientes (amenazas, ataques) obliga a actuar rápido. La mirada es primero garantizar entornos seguros, luego fortalecer lo educativo, es decir medidas más firmes y visibles, lo que generaría un efecto disuasivo por temor a sanciones, donde las amenazas no queden impunes. El foco es sancionar y proteger a la vez (castigar el mal y cuidar a la comunidad) En esta lógica, el líder o el héroe combina dos funciones, que por lo general se ejercen por separado en el Estado: castigar y proteger. El enfoque es combatir el miedo y la incertidumbre. En síntesis, los argumentos a favor destacan: seguridad como base del sistema educativo, medidas claras frente a amenazas, mayor disuasión penal y protección a la comunidad educativa. 

De acuerdo a expertos en seguridad pública, cuando ocurre un hecho tan violento como el de Calama, acciones parecidas como mensajes de amenazas se viralizan y expanden rápidamente sobre todo por medios públicos y redes sociales, lo que tiene una dimensión de viralización é imitación. Para ello señalan la importancia de generar medidas a corto plazo, para contener la situación específica, con un abordaje mediático adecuado y con medidas que apunten a las causas profundas por las cuales se explican este tipo de fenómenos. En este sentido, las medidas preventivas y promocionales son por lejos muchísimo más efectivas, pero tienen un efecto a mediano- largo plazo. La duda que surge es si contamos realmente con políticas públicas adecuadas para contar con comunidades educativas protegidas; este debate no es nuevo, es de larga data; sin embargo, el problema persiste y las medidas de corte punitivistas -como aula segura- y los planes y programas de corte preventivo, como la ley de convivencia escolar, el programa comunidades educativas protegidas, entre otros, no han resuelto este problema.

En la vereda educativa, expertos explican que los establecimientos educacionales cuentan con instrumentos que, por normativa, deben cumplir ante hechos de violencia. De hecho, muchos han ido incorporando dentro de sus protocolos situaciones críticas de violencia, lo que muestra que el sistema no ha permanecido indiferente frente a este fenómeno. El desafío real, sin embargo, no es solo tener un protocolo escrito: es que ningún establecimiento puede enfrentar estas situaciones solo. Se requiere articulación efectiva con organismos de seguridad, de salud mental y de protección social. La escuela no puede ni debe resolver esto sin el Estado acompañando. 

“Escuelas Protegidas” busca responder a una crisis real de seguridad, pero el debate está en si estas medidas son una solución de fondo o solo una respuesta inmediata. Los expertos se dividen: primero seguridad, después aprendizaje y exceso de control, poca solución de fondo.