La Unidad Anticorrupción y el OS9 de Carabineros indagan una denuncia anónima que apunta a un supuesto mecanismo de recaudación de dinero en efectivo conocido internamente como la «cuota Flores». La parlamentaria desmintió los hechos, calificándolos como «acusaciones sin sustento».
Una grave denuncia por presuntos delitos funcionarios sacude el panorama político de la Región de Valparaíso. La Fiscalía Regional confirmó que mantiene bajo investigación a la actual senadora Camila Flores (RN), tras recibir antecedentes que apuntan a un supuesto esquema de recaudación de fondos provenientes de las remuneraciones de sus propios asesores parlamentarios.
La causa, que se mantiene bajo reserva, está siendo liderada por la Unidad Regional Anticorrupción en conjunto con el OS9 de Carabineros, y ya fue informada al Consejo de Defensa del Estado (CDE).
La «Cuota Flores»: El mecanismo denunciado
De acuerdo con un reportaje de T13, la investigación se originó en octubre de 2025 (cuando Flores aún era diputada). La acusación sostiene que la parlamentaria supuestamente exigía a parte de su equipo la entrega de dinero en efectivo para financiar gastos personales.
Este mecanismo, apodado internamente como la “cuota Flores”, se habría extendido presuntamente entre 2018 y 2025. Según la denuncia, el monto defraudado podría alcanzar los $300 millones. Un testigo reservado citó casos donde asesores con sueldos de $2,6 millones debían entregar mensualmente hasta $1,8 millones en efectivo a la oficina parlamentaria.
El rol de la secretaria y los chats de coordinación
La denuncia apunta a Yolanda Olfos, secretaria de la senadora desde 2018, como la presunta coordinadora de estos cobros. Los antecedentes presentados ante el Ministerio Público incluirían chats de WhatsApp donde se aludía a la necesidad de reunir cifras específicas y realizar retiros por ventanilla en bancos para evadir los límites de los cajeros automáticos.
La defensa de la senadora
Ante la publicación de estos antecedentes, la senadora de Chile Vamos salió al paso de las imputaciones. Según consignó La Tercera, la parlamentaria calificó las acusaciones como “infundadas” y “sin sustento”, asegurando que colaborará con el proceso para esclarecer la falsedad de la denuncia.
Hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía mantiene las diligencias en carácter de reservado y no se ha procedido a una formalización de cargos, mientras se continúa con el peritaje de la evidencia y los testimonios de los involucrados.

