Por Israel Freire, Ingeniero Mécánico

Por estos días, la pregunta en idioma latín que da título a esta columna —¿quién vigila a los vigilantes? — dejó de ser una reflexión filosófica para transformarse en una urgencia política en Chile.

Durante años, la Contraloría General de la República se ha erigido como una especie de tribunal moral del Estado: la institución que observa, cuestiona y, muchas veces, condena públicamente las faltas del aparato público. Bajo el liderazgo de Dorothy Pérez, esa imagen se consolidó aún más: una Contraloría activa, mediática, con tono severo y una narrativa de superioridad ética frente al resto de las instituciones.

Pero esa narrativa hoy cruje.

El reportaje recientemente publicado revela una tensión incómoda: mientras el órgano fiscalizador exponía —con razón— irregularidades en otros servicios, al interior de su propia estructura se reproducían prácticas difíciles de conciliar con ese estándar moral. Millonarios gastos en viajes, altos niveles de ausentismo y dinámicas internas que contradicen el discurso de probidad absoluta.

Y aquí es donde la contradicción deja de ser anecdótica y pasa a ser estructural.

Porque la Contraloría no es un servicio más. Es, precisamente, el órgano que construye legitimidad a partir de su autoridad ética. No basta con ser legal; debe ser ejemplar. No basta con fiscalizar; debe estar por encima de cualquier sospecha.

Sin embargo, el contexto reciente agrava el problema. El mismo organismo que destapó el escándalo de más de 25 mil funcionarios públicos que viajaron al extranjero estando con licencia médica —un caso que implicó más de 35 mil permisos cuestionados y miles de sumarios administrativos— hoy enfrenta cuestionamientos internos que erosionan su posición de juez incuestionable.

Esa es la paradoja.

Cuando la autoridad moral se ejerce con tono de superioridad —cuando se instala la idea de que existe una institución que está por sobre el resto— el estándar que se le exige deja de ser alto: pasa a ser absoluto. Y en ese nivel, cualquier fisura no es solo un error, es una caída.

La soberbia institucional no siempre se expresa en palabras explícitas. A veces se filtra en el estilo, en la exposición mediática, en la construcción de un relato donde unos fiscalizan y otros son fiscalizados, como si pertenecieran a categorías distintas.

Pero no lo son.

El Estado es uno solo. Y si algo ha demostrado el escándalo de las licencias médicas, es que los problemas son transversales, sistémicos y profundamente humanos.

Por eso, lo realmente grave no es que la Contraloría tenga problemas internos. Ninguna institución está exenta de ellos. Lo verdaderamente delicado es haber construido una imagen de infalibilidad que hoy no resiste contraste con la realidad.

Porque cuando quien fiscaliza se instala en una posición de superioridad moral, deja de ser un órgano técnico y pasa a ser un actor político. Y cuando ese actor político muestra incoherencias, el daño no es solo reputacional: es institucional.

Se erosiona la confianza.

Se relativiza la crítica.

Se abre espacio para que quienes son fiscalizados respondan no con argumentos, sino con acusaciones de doble estándar.

Y entonces volvemos al inicio.

¿Quién vigila a los vigilantes?

La respuesta, incómoda pero necesaria, es que deben ser vigilados por el mismo estándar que exigen. Sin privilegios, sin relatos épicos, sin blindajes simbólicos.

Porque en una democracia sana, la autoridad no se impone desde la superioridad moral, se construye desde la coherencia.