La decisión permitió el cierre definitivo de una causa por corrupción que involucraba a figuras del oficialismo. Pese a que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) intentó revertir la absolución, la Fiscalía de Tarapacá —bajo el mando de la hoy autoridad de Gobierno— optó por no recurrir, alimentando suspicacias en el norte del país.

Un complejo escenario de cuestionamientos enfrenta la ex fiscal regional de Tarapacá y actual integrante del gabinete del Presidente José Antonio Kast, luego de que se conocieran los detalles del cierre de una emblemática causa judicial en el norte del país. Según información consignada por Reportea, la ex autoridad decidió no presentar el recurso de nulidad contra el fallo que absolvió a diversos imputados ligados a partidos de Gobierno, justo antes de dejar su cargo en el Ministerio Público.

Una decisión de la «máxima autoridad»

La controversia radica en que, mientras el Consejo de Defensa del Estado (CDE) sí presentó un recurso para intentar anular el juicio, la Fiscalía local dejó pasar los plazos legales. Desde la Fiscalía de Tarapacá explicaron que se trató de un análisis técnico:

“La decisión de no recurrir fue adoptada por la máxima autoridad, quien concluyó que no existía fundamento para recurrir, precisando que el recurso de nulidad procede frente a causales específicas que no se vislumbraban en este caso”.

Sin embargo, la determinación ha generado suspicacias debido a la proximidad temporal con la salida de Steinert de la institución y su posterior desembarco, en enero de 2026, en una posición estratégica dentro del Ejecutivo.

Absolución confirmada y críticas por «irregularidades»

La causa, que investigaba presuntos delitos de corrupción, terminó favoreciendo a figuras políticas del actual oficialismo. El proceso quedó sellado definitivamente el pasado 31 de diciembre de 2025, cuando la Corte de Apelaciones de Iquique rechazó el último recurso del CDE, confirmando que los hechos investigados correspondían a irregularidades administrativas y no a figuras penales.

Desde el entorno de la actual funcionaria de Gobierno descartan tajantemente cualquier trasfondo político en la gestión judicial: “No parece adecuado atribuir motivaciones políticas a decisiones que fueron adoptadas conforme a criterios estrictamente jurídicos”, señalaron sus cercanos.

Suspicacias en la Región de Tarapacá

Pese a las explicaciones técnicas, en la región persiste la duda sobre la falta de «esfuerzo procesal» por parte de la Fiscalía en una causa de alto impacto público. El hecho de que la máxima persecutora regional pasara de investigar a figuras del sector político a trabajar directamente para la administración central en menos de un mes, ha abierto un debate sobre la «puerta giratoria» entre el Ministerio Público y el poder político.