Lo que comenzó como una instrucción de «austeridad total» para todos los ministerios terminó en un nuevo traspié para La Moneda. Tras la presión por la crisis delictiva, el Ejecutivo debió dar pie atrás en la rebaja presupuestaria a Seguridad Pública, declarándola «excepción» para evitar un mayor costo político.

En un evidente retroceso respecto a sus propias directrices económicas, el Gobierno de José Antonio Kast debió rectificar la instrucción de ajuste fiscal que pesaba sobre el Ministerio de Seguridad Pública. Tras días de incertidumbre y críticas por la señal contradictoria que significaba recortar fondos en plena crisis de criminalidad, la cartera confirmó que no solo se mantendrán los recursos, sino que se inyectarán fondos adicionales.

El costo de la contradicción

La medida inicial, que exigía un esfuerzo de ahorro a todas las reparticiones del Estado sin distinción, chocó de frente con la realidad delictiva que hoy encabeza las preocupaciones ciudadanas. Ante el riesgo de un desplome en la aprobación y la presión de las propias policías, La Moneda optó por la «excepción», un eufemismo para describir un blindaje presupuestario que originalmente no estaba en los planes.

La titular de Seguridad intentó matizar el giro calificándolo como un «paso en la dirección correcta», pero reconoció que la propuesta inicial de recorte existió y fue analizada:

“Esto siempre fue una propuesta, se le pidió a todos los ministerios hacer un esfuerzo. Nosotros nos sentamos, intentamos, lo vimos (…) y finalmente se llegó a la convicción de que no se va a hacer esta rebaja”, explicó la secretaria de Estado.

Incógnitas en el equilibrio fiscal

El «pie atrás» del Ejecutivo deja una interrogante abierta en el Ministerio de Hacienda: ¿Quién pagará la diferencia? Hasta ahora, el Gobierno no ha detallado si este beneficio para Seguridad será compensado con recortes más severos en áreas sensibles como Salud o Educación, o si el plan de austeridad global comenzará a desmoronarse por otras aristas.

Por ahora, el anuncio de «recursos frescos» para herramientas de protección policial parece ser la moneda de cambio para aplacar las críticas, en lo que expertos analizan como un traspié comunicacional y político de un Gobierno que intentó aplicar una lógica contable a una crisis social que no admite ahorros.