A través de su División de Fiscalización, el organismo dio un plazo de cinco días hábiles al Ejecutivo para detallar la elaboración de los contenidos publicados en redes sociales en las que señalaban que el Estado estaba en quiebra. La acción se basa en la Ley 10.336, que faculta al ente contralor a requerir información incluso bajo reserva.

La controversia por la estrategia comunicacional de La Moneda ante el reciente incremento en el precio de las gasolinas escaló este miércoles al plano fiscalizador. La Contraloría General de la República emitió un requerimiento formal desde su División de Fiscalización, exigiendo respuestas detalladas sobre el proceso de creación de las piezas gráficas y mensajes difundidos tras el ajuste al MEPCO.

Cinco días para responder

El documento establece un plazo perentorio de cinco días hábiles para que la cartera ministerial correspondiente responda a través de la plataforma institucional. En dicho informe, el Gobierno deberá pormenorizar cómo se gestaron los contenidos que han sido blanco de duras críticas por parte de diversos sectores políticos, quienes acusan una falta de sensibilidad o un enfoque inadecuado frente al impacto económico en la ciudadanía.

Esta acción se enmarca estrictamente en las atribuciones fiscalizadoras contempladas en la Ley N° 10.336. Dicha normativa otorga al organismo la facultad de requerir información a cualquier entidad pública, incluso en materias que habitualmente se consideran sujetas a reserva, para garantizar el correcto uso de los recursos del Estado en fines comunicacionales.

El origen de la polémica

El requerimiento surge tras una ola de críticas en redes sociales. Distintos sectores del arco político cuestionaron la narrativa oficial utilizada para explicar el fuerte aumento en las bencinas (que alcanzó los $370 por litro en la gasolina de 93 octanos) donde aseguraban que el país estaba en quiebra.

Mientras el Ejecutivo intenta posicionar el «Plan Chile Sale Adelante» como una medida de mitigación, la Contraloría busca determinar si el despliegue digital cumplió con los estándares de probidad y si se ajustó al rol informativo que le compete a la administración del Estado sin incurrir en proselitismo o desinformación