La tormenta perfecta se posa sobre el transporte público. Mientras el ex Seremi Jean Pierre Ugarte advierte que el ajuste al MEPCO golpeará con fuerza a las zonas rurales y aisladas, el histórico dirigente Reinaldo Sánchez pone fecha de vencimiento a la operación en el Gran Valparaíso: 10 días.
La Región de Valparaíso enfrenta una de las crisis de conectividad más severas de la última década. Lo que comenzó como una preocupación por el ajuste fiscal en los precios de los combustibles, ha escalado rápidamente a una amenaza de paralización total que afecta desde las populosas calles de Viña del Mar hasta los rincones más apartados de la provincia de Petorca.
El factor MEPCO: Un golpe al corazón de la ruralidad
En declaraciones exclusivas a La Unión Valpo, el ex Seremi de Transportes, Jean Pierre Ugarte, analizó el impacto de las recientes modificaciones al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO). Según la ex autoridad, el escenario es crítico para quienes dependen del sistema de subsidios estatales.
«Es evidente que la modificación al MEPCO va a repercutir mayoritariamente en los pasajeros y usuarios de los diferentes modos de transporte», señaló Ugarte.
El ex Seremi puso especial énfasis en la Quinta Región, recordando que coexisten dos realidades: el sistema regulado del Gran Valparaíso y los subsidios a zonas aisladas o rurales. «Esos subsidios ya están licitados, poseen una tarifa establecida con horarios y recorridos. Si no son renegociados, la carga económica de los combustibles recaerá directamente en los operadores», advirtió.
24 comunas en riesgo de aislamiento
El diagnóstico de Ugarte coincide con las cifras actuales. Alrededor de 24 comunas de la región dependen de servicios rurales subsidiados, un sistema que mueve entre $4.500 y $6.000 millones anuales. Este financiamiento es el que permite que vecinos de Petorca, La Ligua, San Felipe o sectores como Colliguay en Quilpué, accedan a servicios básicos de salud y educación.
Sin embargo, el marco regulatorio actual (Decreto Supremo 212) es rígido. No contempla ajustes automáticos por variaciones en el precio del petróleo. «Los sistemas rurales podrían verse afectados tanto en sus recorridos como en su frecuencia. Son sectores usados por las capas medias y los más vulnerables de la sociedad», enfatizó el ex Seremi, haciendo un llamado al Gobierno para generar medidas paliativas.
La cuenta regresiva de Reinaldo Sánchez
Mientras la zona rural teme por sus frecuencias, en el Gran Valparaíso la crisis es inmediata. Reinaldo Sánchez, presidente de Viña Bus y actual timonel de Santiago Wanderers, lanzó una advertencia lapidaria: el sistema de micros podría dejar de operar definitivamente en menos de dos semanas.
“Si esto no cambia en 10 días, van a estar todos los buses parados; no por huelga, sino por falta de combustible», declaró Sánchez.
A diferencia de otros conflictos, esta vez no se trata de una movilización de conductores, sino de un desabastecimiento de insumos básicos que impide la salida de las máquinas a la calle. La falta de liquidez y el alza de costos han llevado a los operadores al límite.
¿Hacia una parálisis total?
Expertos del sector advierten que, ante la rigidez de los contratos y las pérdidas financieras, para muchos operadores rurales podría resultar más conveniente que el Estado ejecute sus boletas de garantía antes que seguir circulando a pérdida.
Para evitar un escenario de aislamiento territorial y un costo fiscal mayor por futuras relicitaciones de emergencia, los actores del sistema plantean tres urgencias:
- Indexación del subsidio al valor real de los combustibles.
- Flexibilización de los contratos vigentes para ajustar tarifas o frecuencias.
- Revisión normativa del Decreto 212 para proteger a los usuarios rurales.
El reloj corre. Si en 10 días no hay una solución al suministro y una compensación al costo operacional, la Región de Valparaíso podría despertar con sus principales motores apagados.
La Unión Valpo 