En una reveladora entrevista, la magistrada Gloria Ana Chevesich sugirió reemplazar la facultad exclusiva del Ejecutivo por un consejo técnico. Además, abordó la posibilidad de indultos a uniformados bajo la gestión de José Antonio Kast y alertó sobre el impacto de los recortes presupuestarios en la justicia.

En un momento de definiciones clave para el sistema judicial chileno, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, marcó una postura disruptiva respecto a las atribuciones del Ejecutivo y la crisis de probidad interna. En conversación con 24 Horas, la máxima autoridad judicial del país fue categórica al proponer el fin del indulto presidencial tal como se conoce hoy.

«El indulto debe ser eliminado, y que sea un consejo el que analice los casos, porque con todo, un indulto depende también de las razones que se invoquen», explicó la magistrada, abogando por un organismo colegiado que brinde mayor objetividad técnica a esta medida de gracia.

Indultos a uniformados y el factor Kast

Uno de los puntos de mayor tensión fue la consulta sobre eventuales indultos que el Presidente José Antonio Kast podría otorgar a uniformados condenados por hechos ocurridos durante el estallido social. Al respecto, Chevesich fue enfática en defender la labor de los tribunales.

«Si hay una sentencia condenatoria, es porque una determinada persona cometió un hecho punible», afirmó, recordando que en esos casos ya se superó la «duda razonable». Si bien reconoció que el mandatario tiene la facultad constitucional de ejercerla «en su mérito», subrayó que cualquier resolución de este tipo debe ser estrictamente fundada y excepcional.

Autocrítica por corrupción: «Me da vergüenza»

La presidenta del máximo tribunal no eludió la crisis de confianza que atraviesa la institución tras escándalos como el caso de la «Muñeca Bielorrusa». Con una honestidad poco habitual en el cargo, declaró: «Personalmente me da vergüenza. Creo que a todo el Poder Judicial también».

Para enfrentar esta crisis de probidad, Chevesich insistió en la urgencia de reformar el sistema de nombramientos judiciales, proponiendo la creación de un Consejo de Nombramientos basado exclusivamente en la meritocracia, alejando las influencias políticas de la carrera de los jueces.

Alerta por recorte presupuestario

Finalmente, la magistrada advirtió sobre los riesgos que corre la operatividad del sistema debido al reajuste fiscal del 3% anunciado por el Gobierno. Chevesich informó que sostendrá reuniones con los ministros de Justicia y Hacienda, alertando que un recorte de esta magnitud podría poner en jaque la continuidad del funcionamiento del Poder Judicial en todo el país.