Por Jaime Cano Carrasco, Profesor de Historia, Licenciado en Historia y Educación.

“Voy a cumplir el 100 por ciento de mi programa” fue la frase con la que Mitterrand en Francia celebraba su victoria. Luego, en 1983, dio un “giro a la austeridad” para estabilizar la economía francesa, renunciando al cumplimiento estricto de su programa. En una entrevista, hacia el final de su gobierno, explicó que para aplicar cabalmente un programa sería necesario contar con el 100% de los votos.

Gobernar no puede sostenerse únicamente en un eslogan de campaña. Recibir un país implica ajustar expectativas a los recursos disponibles y a las tareas necesarias para garantizar un Estado presente y funcional en la vida cotidiana de las personas.

Ha pasado casi una semana desde la asunción al poder de Kast y el aparato estatal no ha dejado de funcionar en ninguno de sus niveles.

El gobierno anterior entregó, en tiempo y forma, la gestión realizada, accediendo incluso a reuniones bilaterales entre autoridades salientes y entrantes, con todo lo que aquello implicó, incluido el episodio del cable chino que marcó parte de la transición.

Ha pasado una semana y parece que “las doce balas de plata” no alcanzaron para copar los puestos clave. Incluso, a nivel micro, todavía no han asumido todos los delegados presidenciales provinciales; tampoco los seremis. Pero aun así el Estado no se detiene y las delegaciones han continuado atendiendo las funciones críticas que les corresponden.

Una vez más se pone en discusión el valor del funcionario público de carrera: aquel que cada día se levanta y acude a su lugar de trabajo, en terreno o en la oficina, para contribuir al funcionamiento de áreas esenciales como la seguridad, la salud o la educación de sus compatriotas.

El nuevo presidente prometió en su primer discurso una auditoría para “saber la verdad”, aun cuando el Estado chileno viene atravesando un proceso sostenido de modernización desde la primera década de los años dos mil.

Los servicios modernizados cuentan, con sus luces y sombras, con unidades propias de auditoría, planificación, control y gestión. Son funcionarios que, por ley, deben velar por la correcta marcha del Estado.

Al mismo tiempo, algunos ministros recién llegados han prometido despedir a más de un millón de funcionarios públicos, quienes ya comienzan a sentir la presión de perder remuneraciones, bonos y, en definitiva, la estabilidad laboral en sus cargos.

Aquí no se justifican sueldos excesivos ni la instalación de operadores políticos. Pero sí se reconoce y valora al trabajador que no se deja permeabilizar por la corrupción ni descuida sus responsabilidades en función de agendas personales.

Tenemos suficientes ejemplos de lo que ocurre cuando el Estado abandona el territorio y su lugar es ocupado por el narcotráfico y las redes que lo acompañan. Sin ir más lejos, basta observar experiencias de deterioro institucional y organizacional en países como México o Argentina.

La idea peregrina de “la grasa del Estado” difícilmente encuentra cabida en una sociedad que demanda cada vez más presencia estatal como garante y ejecutora de derechos sociales, conquistados tras años de lucha. De no ser por los funcionarios del Poder Judicial, por ejemplo, miles de madres no podrían cobrar su pensión de alimentos. Gracias a las TENS y a los profesionales de la salud, muchas personas reciben tratamientos y medicamentos que de otro modo les serían inaccesibles. Ese es el Estado que, día a día, entra en contacto con los chilenos, con o sin autoridades en sus oficinas.

La gestión eficiente, la auditoría permanente de las funciones y la toma responsable de decisiones son indispensables para un Estado moderno. Pero esa tarea -como lo reconocía el propio Mitterrand al final de su gobierno- exige algo más que consignas o promesas absolutas: requiere comprender que gobernar implica administrar realidades complejas, donde el funcionamiento cotidiano del Estado descansa, en gran medida, en quienes lo sostienen cada día con su trabajo