Por Jaime Cano Carrasco, Profesor de Historia, Licenciado en Historia y Educación.

Con voz de alerta la ciudadanía ha criticado el alza de sueldo que recibirá el actual presidente producto de la aprobación de planes de mejoras de gestión conocidos en el mundo público como PMG, y aprobados por Ley para todos los empleados fiscales. En respeto a esas mismas leyes de modernización del estado, el futuro presidente recibirá asignación de titulo y reajustes lo que incrementará su salario incluso por sobre lo que recibe el presidente Boric. 

En esta línea es meritorio analizar otros altos cargos en la administración del estado y del poder legislativo que reciben más ingresos que los propios parlamentario y autoridades públicas. 

Un ejemplo digno de análisis es el secretario general del senado Raúl Guzmán, que percibe ingresos mensuales por cerca de 18 millones de pesos y cuyo cargo se pondrá a disposición a contar del 3 de marzo por medio de una votación en la sala del senado; para la cual requiere de mayoría para ser ratificado o destituido de su cargo. 

A inicios de marzo se votó en la comisión de constitución de la Cámara Alta, un informe que delimitaba su mandato según los reglamentos internos del senado y de su personal.

El alto sueldo de Guzmán, su fallido plan de mejoras de gestión, pésimo ambiente laboral y las tortuosas relaciones con los senadores, lo llevó a que sus propios defensores se pusieran en su contra. 

Este es el caso de Manuel José Ossandón, quien como presidente del Senado intentó regular los altísimos sueldos de los funcionarios incluidos Guzmán y su cúpula.

Luego de acusaciones cruzadas, intentos de instalar operadores políticos de uno y otro lado, diversas polémicas en prensa y libelos judiciales perdidos contra funcionarios que le significaron altísimos costos a las arcas senatoriales; ahora el mismo Ossandón y otros senadores han estado maniobrando con altos y bajos para pedirle la renuncia a Guzmán. 

El día de hoy, martes 10 se resolvió el futuro del exfiscal, pero las lecciones sobre modernización de la función pública, respeto a la carrera funcionaria y probidad en el manejo de las arcas fiscales deben ser aprendizajes que queden para la futura gestión de una de las corporaciones más antiguas del país.