Al cierre de la temporada estival, el Municipio de Viña del Mar reportó cerca de cien infracciones cursadas en el marco de la ordenanza que regula el comercio en la vía pública. La normativa contempla sanciones económicas tanto para los vendedores informales como para quienes adquieran productos en la calle.

Las cifras corresponden al balance de las fiscalizaciones realizadas durante los últimos meses en la comuna. Este trabajo en terreno, que tiene como objetivo declarado el control del comercio no autorizado y el ordenamiento de los ejes céntricos, fue coordinado entre inspectores municipales, Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI), la Policía Marítima y la Delegación Presidencial.

Durante el periodo estival, los fiscalizadores se concentraron en sancionar diversas faltas a la normativa vigente. De acuerdo con el reporte, la mayoría de las infracciones se cursaron por ejercer actividad comercial en la vía pública sin el permiso correspondiente, o bien, por hacerlo al interior de un local sin contar con la patente municipal al día.

A estas faltas se suman otras causales reiteradas durante las inspecciones, tales como mantener una actividad comercial en la calle con el permiso vencido, exceder la superficie física autorizada para el desarrollo de las ventas y gestionar o realizar transacciones de mercadería a través de canales no autorizados.

Uno de los puntos centrales de la modificación a la ordenanza municipal es la sanción directa a la demanda. De esta manera, la fiscalización no solo se concentra en quienes instalan paños o carros en la calle, sino que castiga económicamente la compra en el comercio ilegal.

Toda persona sorprendida adquiriendo productos en el comercio informal es denunciada de manera inmediata al Juzgado de Policía Local competente. Según los montos establecidos y actualizados a marzo de 2026, el tribunal aplica multas que fluctúan entre los $209.667 y los $349.445, dependiendo del valor equivalente en Unidades Tributarias Mensuales (UTM) al momento de la infracción.

Con esta medida, las instituciones involucradas buscan desincentivar la demanda como mecanismo para controlar la proliferación de vendedores ambulantes y apoyar al comercio formalmente establecido en la comuna.