A menos de una semana del cambio de mando, una nueva controversia golpeó al entorno del presidente electo José Antonio Kast. Esta vez, el foco está puesto en Romina Garrido, presentada recientemente como futura subsecretaria de Telecomunicaciones, luego de que una denuncia ante la Contraloría General de la República pusiera sobre la mesa una serie de cuestionamientos por su historial contractual con el Estado.

Según lo expuesto en la acción revelada por Ciper, Garrido fue denunciada el pasado 24 de febrero por eventuales faltas administrativas. El escrito busca aclarar si existió superposición de funciones mientras prestaba asesorías simultáneas a tres reparticiones públicas: la Subsecretaría de Salud Pública, la Subsecretaría de Transportes y la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

De acuerdo con la denuncia, el cruce de estos contratos habría coincidido al menos en diciembre de 2019. En ese marco, se plantea que para cumplir con todas sus obligaciones laborales, la abogada habría requerido una jornada de hasta 17 horas diarias. Eso sí, el citado medio precisó que ese cálculo no pudo ser corroborado, ya que “con el fin de conocer la cantidad de horas que debía cumplir por contrato, se comunicó con las tres subsecretarías a las que Garrido prestó los servicios, sin obtener información”, indicó BioBioChile.

El primero de estos vínculos con el Estado comenzó el 1 de enero de 2017, cuando Garrido firmó un contrato con la Subsecretaría de Salud Pública como asesora jurídica, cargo que mantuvo hasta el 31 de diciembre de 2021. En ese período, su remuneración mensual fluctuó entre $1,8 millones y cerca de $2 millones.

Luego, el 2 de mayo de 2018, inició una asesoría a honorarios en la Subsecretaría de Transportes, donde trabajó hasta el 31 de diciembre de 2022. En ese rol, colaboró en el seguimiento y tramitación de proyectos de ley, reglamentos y otras iniciativas regulatorias vinculadas al sector. Por ese trabajo, sus ingresos habrían pasado de $2 millones a $2,6 millones mensuales.

A esos dos contratos se sumó un tercero en 2019. Entre el 9 de mayo y el 31 de octubre de ese año, Garrido también mantuvo una relación contractual con la Subsecretaría de Telecomunicaciones para asesorías ligadas al estudio, análisis y tramitación de normas sobre Televisión Digital. Por esas funciones recibió una renta líquida de $450 mil mensuales.

Pero los cuestionamientos no terminan ahí. La denuncia también apunta a una deuda fiscal de $871.458 asociada a licencias médicas no reintegradas en la Subsecretaría de Transportes.

Según la acusación, Garrido mantuvo ese monto impago durante cuatro años y recién lo pagó en febrero de este año, pocos días antes de que Kast la anunciara como futura subsecretaria de Telecomunicaciones.

Además, se solicitó esclarecer un eventual conflicto de interés, ya que Garrido habría asesorado en la tramitación de la Ley de Protección de Datos Personales mientras mantenía una sociedad comercial dedicada a materias abordadas en ese mismo proyecto.

En paralelo, el reportaje también da cuenta de un informe que presuntamente circuló en la oficina del presidente electo. En el documento, en un apartado titulado “Recomendaciones Operativas (OPE)”, se sugería lo siguiente: “Ante la contundencia de la evidencia de incompatibilidad estratégica, técnica, ética y política, se sugieren los siguientes cursos de acción graduados para la Oficina del Presidente Electo, orientados a la mitigación de daños: Considerar la reubicación inmediata de Romina Garrido en un cargo técnico de segunda línea, más afín a su perfil académico y menos expuesto políticamente ni operativamente”.

Pese a ello, desde la OPE dijeron a Ciper que ese informe “no tiene nada que ver” con ellos, aunque no aclararon si recibieron o no el documento.

Así, a días de que se concrete el cambio de mando, el nombre de Romina Garrido quedó en el centro de la discusión pública, en medio de dudas administrativas, cuestionamientos éticos y un escenario que vuelve a tensionar al equipo del presidente electo.