La Fiscalía abrió una investigación penal por presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos tras el mega incendio que afectó a Viña del Mar y Quilpué en febrero de 2024. Así lo confirmó el fiscal jefe de la Unidad Especializada Anticorrupción, Eugenio Campos, luego de recibir dos informes de la Contraloría General de la República correspondientes a 2025.

Según explicó el persecutor en entrevista con El Diario de Cooperativa, los antecedentes dan cuenta de irregularidades administrativas que podrían ir más allá.

Campos señaló que observaciones como falta de transparencia en contrataciones, opacidad en la ejecución de contratos o pagos por obras eventualmente no realizadas son elementos que deben aclararse no solo en sede administrativa, sino también penal.

“Podría eventualmente revestir carácter de delito”, afirmó, aludiendo a figuras como el fraude al Fisco cuando se compromete patrimonio fiscal.

Uno de los focos de la investigación apunta a contratos asociados a demoliciones de viviendas siniestradas, particularmente vinculados a la Dirección Regional de Arquitectura. El fiscal ejemplificó que, si se pagó por la demolición de una vivienda, se debe verificar que efectivamente esa obra se haya ejecutado.

Después de esto, precisó que el análisis no se limita a la demolición en sí. También se revisará el proceso completo: adjudicación de contratos, experiencia de las empresas, ofertas presentadas y respaldo técnico de los trabajos pagados.

Consultado sobre si la premura propia de una emergencia puede atenuar eventuales responsabilidades, Campos fue categórico. “La urgencia no quiere decir que se relajen los controles”, sostuvo.

En paralelo, recordó que en contextos de catástrofe pueden generarse espacios propicios para ilícitos si no existen fiscalizaciones estrictas.

Los antecedentes fueron remitidos directamente por la Contraloría al Ministerio Público, cumpliendo su deber legal cuando detecta hechos que podrían constituir delito.

Además, ya existe coordinación con el Consejo de Defensa del Estado (CDE), entidad encargada de resguardar y recuperar el patrimonio fiscal en caso de perjuicio económico.

Campos calificó este trabajo conjunto entre Fiscalía, Contraloría y CDE como una fórmula que ha dado resultados en otras investigaciones de corrupción.

En relación con el Índice de Percepción de la Corrupción —donde Chile registra 63 puntos—, el fiscal planteó que hoy existen más mecanismos de denuncia y detección.

Mencionó reportes de la Unidad de Análisis Financiero, mayor cobertura mediática y más denuncias ciudadanas.

Sin embargo, también reconoció la necesidad de fortalecer los sistemas de integridad interna en las instituciones públicas, destacando la Ley 21.592 de Protección del Denunciante, que obliga a reportar delitos y faltas administrativas.