El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago despachó una orden de detención en el marco del caso ProCultura, en la arista vinculada al Gobierno Regional Metropolitano.

La medida afecta a Alberto Larraín, cofundador de la fundación; María Constanza Gómez, su representante legal; María Teresa Abusleme, exdirectora de estudios; Evelyn Magdaleno, exjefa de la División de Desarrollo Social Humano del GORE RM; y Gabriel Prado, excontratado del gobierno regional.

La diligencia se enmarca en la investigación por el convenio para ejecutar el programa de prevención del suicidio “Quédate”, iniciativa por la cual el GORE Metropolitano transfirió cerca de $1.600 millones a ProCultura.

La causa es encabezada por el fiscal Juan Castro Bekios, junto a un equipo especializado de la PDI.

Desde la Gobernación Regional Metropolitana confirmaron a Radio ADN que la información es efectiva y señalaron que más adelante se referirán públicamente a los antecedentes, una vez revisadas las diligencias en curso.