La situación judicial de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga Guerra (UDI), entra en su fase más crítica. La Fiscalía Regional Metropolitana Oriente presentó formalmente la acusación en su contra, solicitando penas de cumplimiento efectivo que podrían superar los 10 años de presidio.

El Ministerio Público presentó la acusación contra Barriga por cuatro delitos: fraude al fisco, falsificación de instrumento público, malversación de caudales públicos y negociación incompatible. La sumatoria de las penas por estos cargos da como resultado más de 23 años de cárcel.

El Ministerio Público cerró la investigación en un plazo inferior a dos años —un tiempo considerado expedito para delitos económicos de alta complejidad— y solicitó al tribunal la apertura de juicio oral.

En el documento ingresado al tribunal, la Fiscalía acusa a la exjefa comunal de cuatro ilícitos graves cometidos durante su administración:

• Fraude al fisco.
• Falsificación de instrumento público.
• Malversación de caudales públicos.
• Negociación incompatible.

Estos cargos apuntan a un manejo irregular de los recursos municipales y a la adulteración de documentación oficial para ocultar el déficit financiero de la comuna.

La pretensión punitiva de la Fiscalía es alta. Se han solicitado condenas que van desde los 5 años y un día hasta los 10 años y un día de cárcel.

Adicionalmente, el ente persecutor busca imponer multas monetarias proporcionales a lo defraudado y la pena accesoria de inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos, lo que, de concretarse, pondría fin definitivo a cualquier aspiración política de Barriga.

Con la acusación ya presentada, el siguiente paso procesal es la fijación de una fecha para la Audiencia de Preparación de Juicio Oral (APJO).

En esta instancia clave, el Ministerio Público expondrá el detalle de las pruebas —documentales, testimoniales y periciales— que utilizará para intentar acreditar la culpabilidad de la exalcaldesa ante un Tribunal Oral en lo Penal. Por su parte, la defensa de Barriga buscará excluir evidencia o desestimar los cargos antes de llegar al juicio definitivo.