Por Constanza Valdés

El pasado 7 de mayo el proyecto de ley que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género cumplió 5 años desde que fue ingresado al Senado el año 2013. La iniciativa en trámite se encuentra en Comisión Mixta cumpliendo su última etapa reglamentaria a raíz de que la Cámara de Origen, el Senado, rechazó las enmiendas realizadas por la Cámara de Diputados. La comisión mixta está encargada de resolver las discrepancias suscitadas en la aprobación de la iniciativa en el Senado y en la Cámara de Diputados.

Este proyecto se presentó con el objetivo de erradicar la discriminación y exclusión que sufren las personas trans a consecuencia de que su identidad de género no es reflejada en su cédula de identidad ni en los registros públicos y privados. En este sentido, en un país con una tradición extremadamente formalista esto ha sido el principal problema en el acceso a la educación, salud, trabajo y la realización de los trámites diarios que exige la sociedad moderna. Es por esto que en la práctica, las personas trans utilizan un nombre social, que es con el cual se relacionan con la sociedad y su entorno, dejando el nombre legal solo para efectos registrales y en los trámites que éste se exige. Es así como la lucha, en este ámbito, se reduce a la coincidencia entre el nombre social y el legal en la cédula de identidad y en todos los instrumentos, públicos o privados, donde éstos se registren. La importancia de lo anterior se remite a un aspecto tan básico: el reconocimiento de la propia identidad.

La moción en análisis se estructura en base a cuatro puntos principales; la incorporación del derecho a la identidad de género y del derecho al acceso a los tratamientos hormonales e intervenciones quirúrgicas bastando solo el consentimiento informado; la regulación de un procedimiento de cambio de nombre y sexo registral y el desarrollo del principio de igualdad y no discriminación por razón de identidad y expresión de género. De lo anteriormente señalado, se desprende que esta iniciativa no es una simple ley de cambio de nombre y sexo registral como muchas personas lo han planteado, sino que viene a regular algunos de los aspectos principales que se relacionan con el derecho a la identidad de género y su ejercicio en el ámbito de las personas trans. Por el lado contrario, este proyecto tampoco tiene por objeto solucionar y erradicar todas las formas de discriminación y exclusión que aquejan a la población trans.

Si bien la iniciativa es bastante simple en sus objetivos, ésta ha sido bastante resistida por sectores conservadores de la sociedad y de los partidos políticos, tradicionalmente asociados a la derecha y a la centroderecha. Esto lo podemos evidenciar en la gran cantidad de grupos opositores que se han manifestado en contra de esta iniciativa y de las estrategias utilizadas por algunos partidos políticos (UDI y RN) de presentar una gran cantidad de indicaciones al proyecto, en particular en el primer trámite constitucional. No por nada este primer trámite duró 4 años.

Actualmente, en la comisión mixta se han presentado 201 propuestas, un número bastante alto considerando en la etapa reglamentaria en la que se encuentra. En el análisis de las propuestas, resaltan negativamente  aquellas presentadas por los/as Diputados/as Diego Shalper, Leónidas Romero, Eduardo Duran, Francesca Muñoz, Cristobal Urrutioechea y la Senadora Jacqueline Van Rysselberghe. La naturaleza de estas propuestas gira en torno a eliminar la naturaleza de derecho al derecho a la identidad de género, establecer requisitos patologizantes para su ejercicio e incorporar el concepto de género en los registros públicos en el caso de las personas trans. En este sentido, vemos como se pretende volver a discutir aspectos que ya habían sido zanjados en los debates anteriores e incorporar otros que derechamente buscan limitar los derechos de las personas trans.

El fenómeno anteriormente descrito solo tiene por objeto seguir entorpeciendo la tramitación de un proyecto de ley que ya lleva 5 años y en el cual existe un amplio consenso sobre el cual se debe legislar. Sin perjuicio de lo anterior, este consenso no necesariamente significa que se realizará bajo un estándar de derechos humanos. Ejemplo de lo anterior lo constituye la posición del gobierno en torno al proyecto de ley que busca, entre otros aspectos, eliminar del proyecto la identidad de género como un derecho y exigir la presentación de dos testigos para el procedimiento de cambio de nombre y sexo registral de personas mayores de 18 años.

En la penúltima sesión de la comisión mixta, se había fijado como plazo para despachar el informe el 6 de junio. A raíz de la presentación de esta cantidad de propuestas, el plazo se extenderá por al menos unas semanas más.  Lamentablemente, todo esto es consecuencia de solo una cosa: la falta de empatía y los prejuicios existentes hacía la población trans. Las personas trans no podemos seguir esperando en el reconocimiento de nuestra identidad pero esta agilización del proceso no puede ni debe ser como fundamento para no legislar en base a estándares de derechos humanos.