Por Leonardo Contreras Neira, abogado especialista en derecho administrativo.

La Ley 20.285 sobre acceso a la información pública, representa uno de los más notables hitos republicanos, en resumen permite que cada ciudadano, sin importar su condición pueda conocer  los actos que ejecutan los agentes estatales, sus fundamentos e incluso sus resultados.

Digo republicano porque la participación y el conocimiento son poder para quienes somos parte de la sociedad, hasta antes de los grandes escándalos de probidad que removieron las bases del sistema político a fines del siglo XX y principios del XXI, el funcionamiento interno de la administración de los poderes del Estado era absolutamente hermética, un estanco reservado para los “operadores” del mismo.

De este modo, viajes, compras, contratos y hasta el patrimonio de las principales autoridades de nuestro país quedan expuestas, precisamente porque ya han dejado de ser individuos amparados por la protección de datos, excepto aquellos de notable sensibilidad, por pasar a tener en sus manos los “destinos de la nación”.

Según la información estadística entregada por el Consejo para la Transparencia se han realizado desde el año 2013, nada menos 434.000 solicitudes a los organismos adheridos al portal que centraliza la información, lo cual está actualizado al 23 de abril de 2018. Todo esto a 5 años de su funcionamiento, es complejo evaluar la cantidad y si esta responde a un empoderamiento social frente a esta reciente herramienta, pero si vemos el comportamiento obviamente nos enfrentamos a una prerrogativa que va in crescendo, el año 2014 se registraron 23 mil solicitudes aproximadamente pasando a 56 el año siguiente, hasta  llegar en 2017 a más de 166.000 solicitudes.

Incluso en el contexto de la prerrogativa equipos periodísticos de canales de revisión, periódicos electrónicos y otros han iniciado investigaciones, teniendo buenos resultados en lo que a la opinión pública se refiere. Por ejemplo, en el mes de julio de 2016 se llevó a cabo la primera cuenta pública del Congreso Nacional, que consiste básicamente en un discurso que se lleva a cabo por los presidentes de ambas corporaciones, Senado y Cámara de Diputados, Patricio Walker y Marco Antonio Núñez, expusieron el manejo de las instituciones en el Salón del Congreso Pleno, en dicha oportunidad se destinaron más de 26 millones de pesos, donde destacaron arreglos florales por 846.000, arriendo de pantallas led por más de 9 millones y elaboración de carpetas por casi 6 millones de pesos, esta información fue solicitada por la ONG Volvamos a Creer y publicada el 20 de julio en su portal informativo, con un interesante comparado sobre las alternativas a dicho gasto. Estos niveles de información nos permiten evaluar a nuestras autoridades y ponderar la conveniencia de sus decisiones.

No obstante este tremendo poder que está en manos nuestras y el creciente interés que genera poder tener a la vista toda esta gama de antecedentes, nosotros los ciudadanos, según el estudio del 2015 del mismo Consejo para la Transparencia creado por la Ley 20.285, consideramos que el organismo llamado a protegernos frente a abusos sigue siendo el SERNAC, pues aun no asumimos del todo nuestra posición frente al Estado como verdaderos ciudadanos y aun mantenemos nuestra visión como meros consumidores.

Es necesario que este Consejo para la Transparencia asuma un rol más protagónico en la defensa de los ciudadanos frente al Estado cada vez más creciente e intervencionista en la vida privada, ejerciendo un importante control en actividades donde antes se omitía, esto ante la carencia de nuestro sistema de un integral “Defensor del Pueblo” o Ombustman, ya que las funciones del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que pudo haber sido el llamado suplir este vacío, pero ha generado un enfoque menos técnico y más político, transformándose en un reducto ideológico a cargo de defensas corporativas.

El punto está en ¿qué podemos llegar a hacer con esta información?, para hacer patente nuestro derechos pasando de consumidores a ciudadanos con derechos efectivos.