Junto con considerar a las clínicas privadas con convenios como parte de red salud pública -cuyo deber es «garantizar el libre e igualitario acceso a la salud»- la entidad liderada por Jorge Bermúdez planteó que la objeción de conciencia es una materia de carácter «excepcional» tanto a nivel nacional como en la legislación comparada, y por tanto debe estar en una ley.

La senadora DC Ximena Rincón planteó que «lo que ha hecho la Contraloría es poner orden en torno a lo que el Parlamento y el país ha debatido a través de sus representantes y esto da cuenta de una desprolijidad que no es buena para el país, no es buena para quienes tienen que tener garantías respecto de las prestaciones de salud».

Además, la Senadora llamó al Gobierno a ser «más prolijos, que seamos más ordenados, que seamos más serios para proceder. Este apresuramiento del gobierno no solo confunde, sino que establece ante la opinión pública algo que no es bueno, que es la desprotección o la desigualdad en el acceso a la Salud», agregó.

Para el senador PPD y presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, Guido Girardi, el dictamen de Contraloría es una «reparación», que evitará tener que ingresar un nuevo proyecto de ley en torno a esta materia. «Yo llamo al Gobierno, por el bien del país, a hacer un buen Gobierno, a dejar de intentar por todas las vías de impedir que se cumplan las leyes y estar permanentemente teniendo que pedir disculpas», agregó.

Tras el dictamen, Girardi afirmó que «vamos a citar al Ministro la próxima semana porque le vamos a exigir al Ministerio de Salud que ahora implemente la obligación en todos los hospitales».

En tanto desde el Frente Amplio fueron más duros y no descartaron una acusación contra Santelices, al considerar lo ocurrido con el protocolo sobre el aborto un incumplimiento de la ley y una falta a su responsabilidad en el cargo.

La diputada Maite Orsini señalo «no descartamos una acusación constitucional, creemos que, tal como lo dijimos en la interpelación al ministro, que este protocolo es ilegal, que el ministro ha incumplido con la ley y esa es una de las causales que contempla la constitución para hacer una acusación constitucional».