Siempre que se habla de un estado más moderno, se piensa en múltiples factores: mejor inversión, más eficiencia en el gasto, aminorar los niveles de burocracia, entre tantas otras. Sin embargo, pocas veces escuchamos, que para que un estado pueda ser realmente moderno, necesita de funcionarios que tengan estabilidad laboral, remuneraciones dignas, carrera funcionaria, entre otros derechos laborales.
Cuando hoy hablamos de funcionari@s públicos, existen diferentes reacciones en el conjunto de la sociedad, algunos dicen que son flojos, otros que ganan mucho, otros que no trabajan nunca, pero nadie se refiere a la precariedad laboral en la que el Estado contrata hoy en día en pleno siglo 21.
En el Estado, existen 4 formas de contratación: Planta, Contrata, Honorarios y Código Laboral. Con los años, Contratas y Honorarios han experimentado un aumento explosivo en el aparato estatal, y con ello, han traído precarización a la función pública. Según información oficial de DIPRES, al año 2014, existían más de 138 mil trabajadores y trabajadoras en calidad de Contrata y más de 47 en calidad a honorarios, sumando entre ambos más de 185 mil, y una planta tan solo de 85 mil funcionarios y funcionarias, es decir, del aparato público, el 70% de su fuerza laboral corresponde a trabajo precario.
La contrata, por una parte, es un contrato a plazo fijo, renovable todos los años, pero que muchas veces depende de la autoridad de turno (cambios de ministros, subsecretarios, jefes de división). Esto hace de la inestabilidad un concepto muy palpable. No existe la indemnización por años de servicio ni seguro de cesantía, como si existe en el sector privado, por lo que cuando uno se va del sector público, lo hace con una mano por delante y la otra por detrás como se dice en la jerga popular. Para el caso de trabajadoras y trabajadores a honorarios la realidad es aún más precaria, pues, a pesar de tener un contrato anual, el mismo señala que puedes ser desvinculado en cualquier momento, que tu contrato no constituye vínculo laboral, y por lo mismo, no tienes derecho a licencia médica, pre y post natal, post natal parental, días administrativos, permiso por muerte de familiares directos, indemnización por años de servicio, seguro de cesantía, derecho a sala cuna, entre muchos otros derechos laborales, que literalmente el Estado despojo a sus trabajadores. Aquella figura que permite al estado contratar a personas para labores no habituales ni permanente, se transformó en una mala práctica que ha perpetuado el trabajo de personas en el aparato público, sin si quiera la posibilidad de formarse académicamente. Las contratas se convirtieron en un privilegio o un premio casi inalcanzable para Honorarios, que añoran pasar a un estado laboral un poco menos precario, porque la contrata es eso, un estado un poco menos precario.
Varios podrían decir que las trabajadoras y trabajadores públicos ganan sueldos millonarios (lo que en alguno que otro caso puede ser cierto, pero no es la mayoría de las funcionarias y funcionarios públicos), pero el sueldo no lo es todo en el mundo del trabajo, un trabajo decente, como lo define la OIT “significa la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres”, condiciones que el Estado vulnera de manera constante en ambas modalidades de contratación, todo bajo la legalidad del actual Estatuto Administrativo.
El Estado ha avanzado, pero a la fuerza, a partir de Dictámenes de los Tribunales en favor de Trabajadoras y Trabajadores a Honorarios, o del Dictamen Emanado de la Contraloría que indica la continuidad de aquellas personas que han desempeñado una función por más de 2 años en la Contrata.
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, hoy se hace necesario que el Estado sea capaz de avanzar a la modernización, pero a la modernización en sus formas de contratación. Es necesario que asuma la responsabilidad de una reforma o creación de un nuevo estatuto administrativo, creado en democracia, con un estándar basado en perspectiva de derechos humanos, el cual garantice, al menos, algunos pilares fundamentales como: Carrera Funcionaria, Contratación Única, Seguro de Cesantía e Indemnización por Años de Servicio.
Sin funcionarias y funcionarios capacitados, sin experiencia en la labor desempeñada, sin estabilidad laboral y emocional, sin seguridad social, será muy difícil que el aparato estatal avance hacia un Estado Moderno, que garantice a todas y todos sus ciudadanos los derechos ratificados a través de Tratados Internacionales firmados por Chile en materia Laboral.
La Unión Valpo 