El resultado de la investigación realizada por el organismo fiscalizador determinó que la empresa de Mauricio Valero y Natalia Compagnon, recibieron «información privilegiada sobre el cambio de uso de suelo» de los terrenos que compraron en Machalí.

Según la auditoria encargada por la Contraloría desde la Municipalidad de Machalí se enviaron correo electrónico a Caval, donde se les informó del cambio del plano regulador. La información provino del funcionario municipal Jorge Silva Menares, quien se encuentra formalizado por cohecho.

El documento que emanó la CGR detalla que Silva envió el correo electrónico, tras recibir $55 millones de parte del agente inmobiliario Juan Díaz. Con esta información la cuestionada empresa compró tres predios por $6.500 millones, los que luego fueron vendidos a Hugo Bravo por $9.500 millones.

Ante esto, Jorge Bermúdez, Contralor General de la República, determinó la realización de un sumario interno en el municipio de la sexta región y además de enviar el informe final de la investigación a la Fiscalía por considerar que existen irregularidades que «podrían constituir delito».