Un dictamen de la Contraloría, menciona a las municipalidades de Valparaíso, Estación Central y La Granja, como precursoras de un modelo de alianza bancaria y municipales que vulneró finalizaciones y normas de administración pública.
Una investigación de Ciper Chile develó las alianzas que mantenían ciertas municipalidades de nuestro país con bancos. El ejercicio se traducía en la entrega de millones a los alcaldes, por parte de las casas bancarias, con el fin de que estos se adjudicasen la administración de las cuentas municipales.
El 20 de marzo pasado, la Contraloría emitió un dictamen: 20.243. Esta resolución provocó una reacción inmediata en el mundo municipal y específicamente en las administraciones de: Valparaíso, Estación Central y La Granja; y bancario. El informé reveló la irregularidad que lograron traspasar controles y fiscalizaciones de la administración de recursos públicos.
La formula utilizada fue la asociación de una banco con la municipalidad, mediante las licitaciones de las cuentas corrientes municipales. Tras la adjudicación de las cuentas, los entes financieros habrían entregado hasta $150 millones anuales a alcaldes. Eso si, la suma dependía del tamaño de la municipalidad y la cantidad de dinero en sus arcas.
Las licitaciones porteñas
En 2011 el Banco de Créditos e Inversiones (BCI) se adjudicó las cuentas municipales de la administración de la comuna de Valparaíso por cuatro años. El aporte, recibido por el alcalde Jorge Castro (UDI), fue de $300 millones por el periodo del contrato.
El sistema de pago, quedó al descubierto en documentos públicos, bajo el titulo “Aporte Anual no acumulativo”, en donde se indica que la municipalidad debe debe informar al banco, BCI, a qué debe pagar; para que luego este de su visto bueno y curse el pago. Finalmente las municipalidad envíos una factura a nombre del banco por los proveedores de los servicios, evadiendo la entrada al presupuesto municipal y el control interno y fiscalizaciones. Ese sistema es lo que ocupa hoy a la contraloría debido a la vulneración de los sistemas fiscalizadores.
La acción de la Contraloría fue enviar los antecedentes al Servicio de impuestos Internos, Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) y la Fiscalía Nacional Económica para que fueran revisados los antecedentes.
La Unión Valpo 