La firma habría pagado más de cien millones de pesos, los que habrían sido utilizados para financiar campañas políticas.
El representante legal de la firma, Alejandro Fridman, optó por por su derecho a guardar silencio durante el interrogatorio que le realizó el fiscal Carlos Gajardo. Esto con motivo de la investigación que lleva a cabo el ministerio público, en la aristas política del Caso Penta.
El mismo organismo percutor, duda de 15 facturas declaradas entre 2012 y 2014, por un total de $104.005.000. Dinero que se había utilizado para financiar campañas políticas.
El nombre de la casa comercial, habría aparecido, luego de que Tomás Carrasco -formalizado por el Caso Penta y amigo de Laurence Golborne- la mencionara en una declaración. Ante esta información, la Fiscalía Oriente, solicitó la presencia de la Controlador de Ripley, ECCSA S.A, para indagar esta arista. Acción judicial, que terminó con el silencio de su representante legal.
La Unión Valpo 