Dr Heraldo Povea Pacci, MD(UChile) MSc(ULondres) MMed(USydney) PhD (UNewcastle)

La acción de Carabineros de Chile en los acontecimientos del 21 de Mayo y su brutal resultado humano, nos debe obligar a una reflexión serena acerca del carácter de las Fuerzas Especiales en el contexto político actual de nuestro país y de la obligación de todos los chilenos para terminar definitivamente con una barbarie que ya se ha convertido en cotidianeidad.

He sido parte de las actividades de denuncia y protesta por parte del movimiento estudiantil desde el inicio de las movilizaciones por lograr cambios en el sistema educacional del país. Elegí ser parte de los grupos de apoyo de los manifestantes ante las situaciones de represión y abuso policial conque los gobiernos de la llamada transición han intentado ocultar las denuncias demasiado preclaras de los estudiantes.

En mi calidad de médico, asumí la labor de coordinador médico de la  Comisión Ética Contra la Tortura hace ya más de cinco años, y ello me llevo a ser parte de prácticamente todas las marchas efectuadas en Valparaíso y por tanto a participar de las labores de protección legal y asistencia médica y psicológica, conque la organización ha intentado consistentemente aportar a la lucha que trabajadores y estudiantes mantienen contra un sistema y un modelo que hoy se demuestra dramáticamente en la claridad de su degeneración y decadencia.

Han sido años difíciles para un sinnúmero de estudiantes y profesionales de la Comisión Ética Contra la Tortura que, solo sustentados por una obligación moral y un compromiso político, han deambulado entre los manifestantes a la espera angustiosa de las habituales arremetidas de las Fuerzas Especiales de Carabineros, conscientes que la asistencia médica o psicológica puede significar también para ellos consecuencias de todo tipo.

Los detalles de las diversas situaciones que hemos presenciado son demasiados como para siquiera mencionar un listado. Sin embargo, a esta altura creo podemos establecer con certeza algunas consideraciones, siempre  enmarcadas en la admiración y respeto por los miles de estudiantes que han sacrificado sus mejores años de estudio por lograr cambios necesarios para el futuro de la nación.

Al escuchar relatos, como el de aquel estudiante que una vez detenido y puesto en el furgón de traslado, se le coloca forzadamente en su cara un gorro empapado con los químicos que disuelven en el agua de los guanacos hasta prácticamente asfixiarlo, o como aquel estudiante gay, que una vez en la comisaria, es lanzado a una celda con delincuentes comunes, instando a estos el que “disfruten” al preso, nos hizo comprender, en la práctica, el siniestro perfil ideológico de las FFEE de Carabineros de Chile.

No se trata de un cuerpo policial interesado en mantener la ley y el orden. No se trata de policías dispuestos a proteger a los ciudadanos. No se trata de “ser del débil el protector” como reza su hermoso himno institucional. Su accionar es frio y mecánico,  motivado solo por el afán  de eliminar la protesta a toda costa. Las FFEE se posicionan en un rol de comandos actuando contra un enemigo con el cual no hay dialogo ni consideración. Su actuar no es disuasivo de una posible acción ilegal de los marchantes. Su actuar es simplemente represión. Anulación de toda posibilidad de protesta de los manifestantes. Sentar el miedo como moneda de interacción humana. Aniquilar la voluntad contestataria de la población.

No se necesita ir muy lejos para reconocer en este actuar la Doctrina de Seguridad Nacional con su énfasis en combatir el enemigo interno en el país; Doctrina que se instala en Chile a partir del Golpe de Estado y a la cual se le otorga una serie de instrumentos legales y administrativos para mantenerla vigente permanentemente. Su origen está en las políticas de control de los pueblos que los EEUU elaboran como parte de su acción de dominación imperial.

No es sorprendente que la Dictadura haya desarrollado esta Doctrina al máximo. Lo que sorprende es que los gobiernos de la transición, Concertación especialmente, hayan permitido que tal doctrina se mantenga en las FFEE y particularmente en Carabineros de Chile. Vale la pena preguntarse por qué el Decreto 1086 de 1983 que otorga amplios poderes y casi autonomía total a Carabineros para reprimir acciones de protesta social, se haya mantenido hasta hoy.

A manera de una trágica demostración de lo anterior, expongo a continuación mi testimonio de lo acontecido el 21 de Mayo de 2015 en Valparaíso, en relación a la marcha de protesta ciudadana contra la corrupción generalizada en la política nacional.

Inicio de la acción represiva:

Repitiendo conductas en las últimas marchas y particularmente lo que sucedió a la marcha alternativa del último 1 de Mayo en Santiago, la acción de Carabineros se inicia cuando aún los manifestantes no terminan su marchar. Uno de los guanacos bruscamente inicia el rociado de agua con químicos cuando aún los últimos manifestantes esperaban que la columna se moviera. El resultado es que se genera una estampida de miles de personas enceguecidas con los químicos entre quienes se cuentan ancianos, ancianas y niños, algunos de ellos de corta edad. Los manifestantes son tomados por sorpresa y recurren a agruparse con sus organizaciones, siendo por tanto nuevo objetivo para la acción represiva de “guanacos” y “zorrillos”.

Uso de agua con químicos:

Habiendo yo también sido víctima de la primera acción represiva masiva, constate en mi propio cuerpo la acción violentamente abrasiva del líquido lanzado por el “guanaco”. Es evidente que la concentración de los químicos usados es alta y suficiente como para generar quemaduras y fuertes dolores a las víctimas. El agua lanzada por los “guanacos” no es realmente agua, sino soluciones de tóxicos altamente concentradas que no solo tiene su efecto inmediato, sino que se fija en los objetos y edificios manteniendo la contaminación por días. Los gases lanzados por los “zorrillos” son reconocidos como altamente tóxicos generando reacciones digestivas y neurológicas de relevancia.

Vale la pena mencionar que en un reciente análisis de la literatura médica, pude confirmar que prácticamente no existen investigaciones en torno a efectos a mediano y largo plazo de estos tóxicos y nadie, en realidad, podría negar que pudiera haber efectos tardíos particularmente relacionados a la función reproductiva. Por tanto las FFEE y por ende el Estado, usan elementos químicos no bien conocidos, para ser inhalados y absorbidos por la piel de personas en forma masiva e indiscriminada, incluyendo mujeres embarazadas y niños.

Tácticas ofensivas militares de las FFEE:

Es claro que la acción de las FFEE obedece a tácticas de ocupación y eliminación de toda resistencia. Son tácticas basadas en la visualización de los manifestantes como enemigos, considerando toda la marcha como objeto de ataque y olvidando el rol disuasivo que el accionar de este organismo debiera tener.

La ofensiva que se realizó al término, de la marcha, en cuyo contexto apareció herido el joven Rodrigo Avilés, merece ser descrita: en un determinado momento, todo el aparato represivo se moviliza al mismo tiempo, con bloques de carabineros en formación de ataque con escudos en ristre aplastando o empujando todo lo que se presente ante ellos. Ocupan todo el espacio disponible, por lo que las personas no tienen otra alternativa que correr para quedar a merced de carabineros, que guiados por radio, atrapan manifestantes o los golpean. La embestida se efectúa con todos los vehículos policiales concentrándose en un mismo lugar y haciendo sonar sirenas. Las detenciones son arbitrarias y violentas. No hay preguntas. Solo empujones y golpes. Los carabineros no llevan identificación y sus vestimentas protectoras se convierten en parte de los instrumentos para la violencia.

La intencionalidad es provocar miedo que se recuerde. Advertir con violencia que el derecho a protestar es peligroso para todos. Es mejor no volver a hacerlo. Es una forma de drástica vacunación contra la idea de reclamar por sus derechos. Es una aplicación de la teoría militar concentrada en la terrible frase: “maten a sus familias, niños y ancianos, violen a sus mujeres, destruyan su cultura, todo lo que sea necesario para que no se vuelvan a levantar”. Es la acción de las FFEE patriotas contra el enemigo interno.

El caso de Rodrigo Avilés:

Llegue al lugar donde yacía Rodrigo, alrededor de 3 minutos después de su caída. Inmediatamente me percate de su gravedad al observar el rápido paso de su estado de inconciencia hacia un coma indicador de un daño cerebral profundo. Con mi compañero voluntario de la Comisión Ética contra la Tortura, Alejandro Toro, y la alumna de enfermería Vanessa Alvear, insistimos repetidamente al oficial que permaneció junto al cuerpo de Rodrigo, en la necesidad urgente de traslado del herido a la Posta a no más de 4 minutos. El oficial se comportó correctamente y ayudo en todo lo posible, lo cual contrasto con el resto de los funcionarios, que en primera instancia caminaron rodeando el cuerpo del herido, sin efectuar ningún intento de socorrerlo o evaluar su estado. También la actitud del oficial contrasto con la prolongada vacilación de su mando, en cuanto a trasladar la víctima en un vehículo de carabineros, ya que las ambulancias se negaban a concurrir al lugar por las condiciones de caos y contaminación.

Finalmente, al parecer, se autorizó el traslado, pero en un furgón sin ventilación, lleno de detenidos y altamente contaminado con gases y con Rodrigo en el estrecho pasillo  entre los asientos, que podría impedir cualquier esfuerzo de reanimación. No logramos aun entender por qué no se efectuó el traslado en un auto patrulla, tras constatar que había al menos dos al lado del furgón.

Nuevamente, la actitud de los funcionarios fue indolente y carente de un mínimo de solidaridad humana. Con excepción del oficial, el resto de los funcionarios mantuvo una presencia hostil y desconsiderada. La soledad de este oficial en su gestión quedo clara en nuestra memoria.

El caso de Paulina Estay:

Se me aviso con urgencia que había una persona herida en la Plaza Victoria. Nuevamente estuvimos allí con Alejandro Toro en momentos en que Paulina acababa de ser traída por sus compañeros desde el lugar de su violenta agresión, que ha sido bien documentada en imágenes. La evaluación inicial indico que ella estaba consciente y bien orientada, aunque muy asustada. El examen físico me indico que había golpeado la parte baja de su cabeza y región posterior del cuello, generándose una colección subcutánea. Su estado neurológico era estable y no mostraba signos de daño cerebral. Solicitamos nuevamente una ambulancia, lo cual se logró pudiéndola trasladar en condiciones adecuadas al cabo de media hora.

Sin embargo, es necesario indicar que Carabineros en ningún momento mostro interés en saber del estado de la herida, ni menos en ofrecer ayuda o al menos consideración. Solicite a uno de los fotógrafos el avisar a Carabineros que había una persona herida para que se abstengan de lanzar agua, pero aun con ese conocimiento, carabineros se mantuvo al margen.

Nuevamente, era una situación de guerra. Nosotros, el enemigo interno y ellos sin otra función que aniquilarnos. Nada de su función protectora se hizo evidente. Demás está decir que nadie en ese lugar y en esos momentos arrojo piedras o mostro actitudes confrontacionales. Todos estaban conscientes que Paulina podría estar seriamente herida, menos Carabineros. La negligencia era evidente.

La conclusión inevitable de esta secuencia de hechos y la historia represiva de los últimos años, es que las FFEE de Carabineros son un instrumento de la Doctrina de Seguridad Nacional a través de la cual se identifica todo oponente a la institucionalidad vigente como un enemigo del Estado. Con tal doctrina se anula el derecho a la protesta ciudadana. La discrepancia es castigada con violencia física y se institucionaliza un sistema de prevención de la disidencia mediante el miedo y la aparición de guardianes del orden dotados de omnipotencia, al margen de escrutinio o de regulación legal.

En Chile, este instrumento policial ha sido eficientemente administrado y retenido por los gobiernos de la transición. Lo demuestra la mantención del decreto 1086 de 1983, la continua inyección de recursos a las FFEE , el carácter de la selección de estos efectivos, sus formas de entrenamiento y la extensión de su radio de acción a todo el territorio nacional. Por ello, los responsables políticos de la situación actual son, sin lugar a dudas, el gobierno central y específicamente el Ministro del Interior, Sr Burgos, y las autoridades locales que han respaldado la acción de las FFEE en la región.

La vergonzosa y cobarde actitud mostrada por las FFEE en relación a los heridos y la irracionalidad de las decisiones tomadas por los mandos de la FFEE  en la represión de la marcha del 21 de Mayo son responsabilidad de las oficina gubernamentales de las cuales Carabineros de Chile depende. La única actitud honorable de las autoridades a cargo de esas reparticiones, en especial el Ministerio del Interior, es renunciar.

Lamentablemente para estos gobiernos y para los poderes facticos que controlan el país, los estudiantes de Chile emergieron como semillas libertarias arrojadas en tiempos de sueños plenos de utopías a  un desierto demasiado árido de justicia, solidaridad y libertad, cubriéndolo hoy con flores de futuro y esperanza. Serán ellos los que colocaran el cierre final a la Doctrina de Seguridad Nacional y a sus bestiales instrumentos como las FFEE de Carabineros.

En el intertanto, tan necesario como este testimonio, es también necesario puntualizar las demandas que un pueblo, cansado de ver su juventud aplastada, debiera exigir inmediatamente del Gobierno actual:

1. Disolución de las FFEE de Carabineros.
2. Re-impulsar la doctrina original de Carabineros
3. Capacitación obligatoria de Carabineros en materias de DDHH y Ética policial y profesional, con participación de organizaciones sociales.
4. El término del agregado de sustancias químicas al agua usada por los “guanacos”
5. El uso excepcional de bombas lacrimógenas y gases lanzados por vehículos (“zorrillos”)
6. El control regulatorio del agua usada por los “guanacos” por el Instituto de Salud Pública.
7. La obligación de disponer de ambulancias y equipos médicos de urgencia en aquellos casos en que sea necesario el control de multitudes por Carabineros.
8. Expulsión deshonrosa y sin privilegios a todo miembro de Carabineros que se compruebe haber actuado en forma no profesional, aplicado cualquier forma de tortura a los detenidos y no haber respetado los derechos humanos y políticos de los chilenos.