La agrupación de funcionarios públicos de la región de Valparaíso realizaron una declaración pública en la que expresaron su solidaridad con los ex presos políticos que hoy se encuentran en huelga de hambre seca.

Frente a la angustiante situación que viven los ex prisioneros políticos y sus familias, que los ha llevado a tomar la decisión de asumir, con todos los riesgos que ello implica, una huelga de hambre en Valparaíso y otras ciudades del país, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF regional Valparaíso, expresa su completa solidaridad con estos compatriotas y declara lo siguiente:

1. Nuestros compatriotas, quienes sufrieron tortura y prisión, merecen justicia y reparación por el daño perpetrado física y sicológicamente: ellos son reconocidos internacionalmente como víctimas del terrorismo de Estado ejercido durante la dictadura militar, y por tanto es el Estado chileno quien debe reparar el daño perpetrado.

2. Lamentamos que la construcción y desarrollo de nuestra patria deba sustentarse en la debilidad de una historia, sin aclarar completamente, con una justicia en “la medida de lo posible”, con victimarios pagando condenas bajo generosos beneficios carcelarios, mientras las victimas deben recibir pensiones humillantes, impidiendo una vida y vejez digna, sin la atención de salud que les permita sanar las heridas emocionales provocadas por tanto horror sufrido

3. Como empleados fiscales, tenemos la más profunda convicción que Chile debe crecer con un Estado más solidario e inclusivo, que pueda aprender de su historia para avanzar a un futuro promisorio, la verdad, la Justicia y la equidad son elementos esenciales para sanar las heridas de Chile y su pueblo.

4. Demandamos de la Presidenta de la Republica, responder con generosidad frente aquellos que tanto han sufrido, dando cumplimiento a los compromisos asumidos por ella con los ex prisioneros políticos durante su campaña.

5. Exigimos a la Presidenta de la Republica, en su calidad de profesional de la salud que considere que la mayoría de estos compatriotas son personas mayores de 50 años, siendo mucho más riesgosa su situación de salud, por lo que es indispensable, de vida o muerte, que la solución a su legitima demanda no se haga esperar más.