En esta realidad en la cual estamos inmersos, nos preguntamos acerca del rol del Estado, su funcionalidad y la instrumentalización que se ha hecho de él por parte de  los grupos dominantes del país según sean  los contextos y tiempos determinados, con el objeto de  lograr sus fines de propio beneficio, que generalmente tienen un carácter económico y que se ejercen en perjuicio de la mayoría, siendo siempre ciertos sectores de esta mayoría más directamente violentados en sus derechos, como por ejemplo, las mujeres y los pueblos indígenas.

Ciertamente, es el Derecho el principal pilar que tiene el Estado, ya que son las normas jurídicas y principios rectores quienes le dan el sustento, lo legitiman y permiten que cumpla sus fines a través de la institucionalidad que crean. Es a través de éste que el Estado, como instrumento de las clases dominantes, legitima su actuar y el de grupos empresariales en distintos ámbitos de nuestra vida diaria y de otros ámbitos no tan cotidianos, como por ejemplo el poder privarnos de libertad.

En este sentido, nuestras normas jurídicas declaran que el Estado es el que tiene el monopolio exclusivo del uso de la fuerza física, dejándonos una pequeña esfera de autoprotección en casos de legítima defensa meticulosamente regulada y que sólo se aplican respecto de la fuerza ejercida de forma ilegítima por otra persona particular, y no contra la violencia ejercida por el Estado, que puede llegar inclusive a transformarse en lo que se ha denominado terrorismo de Estado, como es el que se ejerce actualmente en nuestro país contra las comunidades mapuche y que han llegado, inclusive, estas denuncias a organismos internacionales como la Corte Interamericana de Justicia (con este ejemplo quiero referirme a que el nivel de violencia y represión contra el pueblo mapuche es tan evidente, que no puede desconocerse por el propio derecho internacional).

El uso monopólico de la fuerza física le corresponde a las fuerzas armadas como institución estatal, las que incluyen también a policía de Carabineros en nuestra legislación nacional. Bien sabemos y recordamos como ellas se han desplegado históricamente en variadas ocasiones, y en todas partes del mundo, como una fuerza represiva, al servicio de los grupos dominantes cuando las personas se han movilizado protestando por ciertos derechos vulnerados, por mejores condiciones de existencia, esto cuando las vías institucionales simplemente resultan ineficaces para lograrlo.

En el contexto de las actuales movilizaciones sociales que han surgido a partir de la vulneración de derechos y que se ha ejercido a través de violencia psíquica, física y económica por parte del Estado y particulares (empresas nacionales y trasnacionales en general), hemos visto como respuesta del Estado (una vez más) el despliegue del aparato represivo policial y la iniciativas de proyectos legales para endurecer las penalidades y flexibilizar el actuar de la policía, encontrándonos  con la existencia de una tendencia normativa penal creada en contra de quienes se consideran enemigos políticos  del Estado y que se caracteriza por menoscabar garantías básicas penales, que son aquellas que han sido  conquistadas durante la historia de la lucha por humanizar el derecho punitivo.

Bajo la ideología de la doctrina de seguridad ciudadana, un resabio de lo que fue la doctrina de la seguridad nacional, el delincuente que nos muestran los medios de comunicación es el microtraficante, el ladrón de carteras, de supermercado, etc, y también bajo el calificativo de delincuente encontramos varias otras  figuras como el terrorista, el mapuche, el anarquista, el encapuchado, etc. (enemigos ideológicos); sin embargo, los medios de comunicación no nos presentan bajo calificativo de delincuente a aquellos que cometen los más grandes delitos contra las personas, nuestra economía y el medio ambiente, que son al fin y al cabo las grandes empresas.

Los medios de comunicación oficialistas, son los que se encargan de imponer de forma alevosa una opinión pública que sirva de justificación  y legitimación para endurecer las penas de los delitos cometidos por los “delincuentes” (el término de la puerta giratoria, la política de la mano dura), en favor de las víctimas, pero ¿quién es delincuente? La respuesta dependerá de la contingencia histórica que se viva en un determinado momento, y qué intereses de los grupos dominantes se estén afectando, así, nos encontramos con una estrecha relación entre medios de comunicación, Estado y Derecho como instrumentos idóneos para estos fines, y con la incerteza de quién podrá bajo esta ideología de los dominantes catalogarse como delincuente en un futuro próximo.

Para terminar, es importante tener en cuenta que el derecho penal es aquella rama del derecho más dura e intrusiva en las personas por parte del Estado, aquella que compromete principalmente nuestra libertad personal, y por ello, el nivel de consagración y respeto a las garantías del imputado y del condenado (principio de presunción de inocencia del imputado y respeto a la integridad física y psíquica en el condenado), constituye un índice del grado de democracia que rige un  pueblo.

Por Diana Valdés